Antecedentes Históricos del
Derecho Ambiental Guatemalteco
Para Guatemala, como para
muchos otros países del mundo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano celebrada en Estocolmo (Suecia) en el año de 1972, marcó el punto
de partida definitivo para avanzar en los temas legislativos referentes a la
protección y conservación del medio ambiente.
Por primera vez en la
historia, altos representantes de los gobiernos del mundo se daban cita en
Estocolmo, a efecto de comprometerse formalmente en la solución de la crisis
ambiental. Surgieron varias
proposiciones, soluciones y figuras administrativas y, al final, las inquietudes
de los allí reunidos se plasmaron en la ya conocida declaración de principios
de Estocolmo.
La participación de nuestro
país en dicha conferencia fue adornada por el honor de representar a otros países del área, siendo
éstos El Salvador y Costa Rica.
El Gobierno de Guatemala, al
suscribir dicha declaración, se comprometió ha hacer cumplir los acuerdos y
recomendaciones que la misma contenía, así como a realizar los esfuerzos
pertinentes por establecer una legislación que promoviera el desarrollo de las
políticas ambientales.
La Comisión Asesora
presentó, en octubre de 1976, un anteproyecto de “Ley de Conservación y
Mejoramiento del Medio Ambiente”, producto de los trabajos y conclusiones
obtenidos en el
“Primer Seminario sobre
Problemas Ambientales en Guatemala”, organizado por el Ministerio de
Gobernación, en el mes de junio del año indicado, y en el que participaron
representantes de cuarenta y cuatro instituciones técnicas, universidades y
dependencias gubernativas.
El ante-proyecto de ley
mencionado, se cursó por parte del Ministro de Gobernación y Presidente de la
Comisión Ministerial, a cada uno de los Ministerios de Estado que integraron la
referida Comisión Ministerial, recibidos los pronunciamientos respectivos,
recomendaciones y sugerencias hechas por los Ministerios, que fueron
convenientemente tomadas en consideración.
El estudio preparado por el
Doctor Barrera Méndez, distinguido jurista del personal del Instituto de
Recursos Naturales (INDERENA) de la República de Colombia, enviado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), constituyó una
valiosa contribución que permitió mejorar el ante-proyecto. Este fue presentado en mayo de 1979, al
Ministro de Gobernación y Presidente de la Comisión Ministerial, por la
Comisión Asesora, habiéndose elevado al Presidente de la República de ese
entonces para su estudio y consideración.
Con fecha 2 de octubre de 1979, fue enviado por el Ejecutivo al Congreso
de la República, como iniciativa de ley, en donde fue estudiado y discutido,
quedando aprobado en tercera lectura. Al
ser disuelto dicho Congreso el 23 de marzo de 1982, a este proyecto se le
hicieron algunos de los cambios sugeridos por la iniciativa privada representada
por el CACIF.
El día 6 de marzo de 1986
fue presentado el último ante-proyecto de Ley Ambiental al Congreso de la
República. Este finalmente fue aprobado
y se publicó el 19 de diciembre de 1986.
Con ello los ex – integrantes de las comisiones referidas –que fueron
suprimidas por medio de Acuerdo Gubernativo del 16 de abril del año indicado-
vieron realizadas sus esperanzas después de arduo trabajo, al publicarse la Ley
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto número 68-86 del
Congreso de la República, lo cual constituyó un gran triunfo histórico. Con la emisión de este cuerpo normativo se
estableció un nuevo orden jurídico del cual “emergió” el pionero Derecho
Ambiental Guatemalteco. Cabe señalar que
fue determinante para esta decisión el artículo 97 de la Constitución Política
de la República, puesta en vigencia el 14 de enero de 1986, que expresamente
mandó legislar para la protección del medio ambiente, “ARTÍCULO 97: Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los
habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo
social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y
mantenga el equilibrio ecológico. Se
dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el
aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen
racionalmente, evitando su depredación.
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